Entregadas 225.000 alegaciones, las familias de escuela concertada se manifiestan el lunes 9 de Junio

Junto a Dret a Escollir, asociaciones de padres y escuelas, más entidades cívicas y sociales apoyarán la concentración.
La nueva ley de educación catalana ha movilizado a la escuela concertada, tanto a las asociaciones de padres como a las de escuelas, que han recogido 225.000 firmas de personas presentando alegaciones contra la ley. El pasado lunes 2 de junio representantes de dos asociaciones de padres (la aconfesional FAPEL –Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Libre de Cataluña, www.fapel.net -, y la católica CCAPAC -Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, http://www.escolacristiana.org/ccapac ) entregaban las 225.000 alegaciones, en su mayoría firmadas por padres y familiares de la escuela concertada.

225.000 alegaciones es mucho papel, como demuestra la fotografía del acto de entrega

La asociación FAPEL ha resumido en cuatro puntos los principales fallos de la propuesta de ley catalana:

1 . No respeta el mandato del (nuevo) Estatuto de Autonomía de Cataluña de construir un modelo educativo de interés público; al hablar sólo de "servicio público de educación" menosprecia la libertad de enseñanza y el carácter propio de los centros.

2 . No respeta el pluralismo ni la autonomía de los centros: pone controles adicionales a los proyectos educativos; no asegura que la diversidad de caracteres propios pueda desarrollarse en proyectos educativos diferenciados.

3 . Restringe el derecho de los padres a elegir escuela, otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización, niega la posibilidad de establecer criterios complementarios; muchos alumnos irán a parar a tal o cual escuela por un sorteo arbitrario.

4 . Discrimina a los alumnos de las escuelas concertadas, puesto que no asegura la gratuidad al mismo nivel que en la escuela pública: por ejemplo, no garantiza la gratuidad de la 6ª hora ni de la educación post-obligatoria. Tampoco garantiza la suficiencia del módulo económico del concierto, que es una forma de asfixiar económicamente a las escuelas o de cargar el coste sobre los padres.

Mercè Rey, presidenta de la CCAPAC, y Antoni Arasanz, presidente de FAPEL, han señalado que además de las 225.000 firmas entregadas hay muchas más alegaciones que llegaron tarde, fuera de plazo, o con defectos formales, por lo que la inquietud social es más extensa de lo que la cifra indica. Hay que recordar que el Anteproyecto de Ley se sometió a exposición pública durante sólo 20 días hábiles.

Las asociaciones de padres reiteran su voluntad de diálogo, pero piden al Departamento de Educación un cambio a fondo del proyecto de ley, "para que se respeten los derechos y libertades de padres y madres recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

El siguiente gran acto es una concentración convocada por las asociaciones de padres y de escuelas concertadas, coordinados desde la plataforma Dret A Escollir (www.dretaescollir.org , concentración a la que se han sumado otras entidades de la sociedad civil y cultural catalana, como la asociación CinemaNet (www.cinemanet.info ), Profesionales por la Ética (www.profesionalesetica.com ), E-Cristians (www.e-cristians.net ) y otras.

La concentración será el lunes 9 de junio a las 17.30 ante la conselleria de Educación de la Generalitat en Barcelona (Via Augusta 202-226).

7 puntos negros del anteproyecto de Ley de Educación para Cataluña

- Se prioriza absolutamente la pertenencia a una zona, por tanto, no se admite escoger libremente entre los diversos centros públicos y concertados, obligando a las familias a ‘hacer trampas’ para ejercer sus derechos básicos.

- No se garantiza la gratuidad a todas las familias al no financiar los centros concertados equitativamente con los centros públicos: así es imposible que puedan cumplir todas las obligaciones que se les imponen.
- Se ignora totalmente el carácter propio de los centros educativos, al que no se hace ninguna referencia, e incluso prohíbe, en contradicción con la legislación vigente, la posibilidad de la educación diferenciada (no mixta) en los centros públicos y concertados.

- Se habla continuamente del ‘servicio público de educación’ para referirse a escuelas públicas y concertadas, como si el Estado o la Generalitat fueran los propietarios de ambas. Para la Plataforma Dret a Escollir la educación es un ‘servicio de interés público’, pero no un ‘servicio público’ y lo pueden prestar tanto las administraciones públicas como la iniciativa social.

- El Anteproyecto de Ley impone un ‘comisario’ político municipal en el consejo escolar de los centros concertados para ‘control y gestión’ (y ¿por qué no en las asociaciones, comercios, empresas, etc?).

- Se impone un porcentaje máximo de inmigrantes en los centros educativos: ¿por qué no un tope también para religión, raza o sexo? Es una medida discriminatoria para los derechos fundamentales de los recién llegados.

- Se suprimen los puntos por familia numerosa para la admisión de alumnos en las escuelas, vulnerando otra vez la Ley de Protección a Familias Numerosas, en contradicción con las promesas del consejero Maragall a este colectivo el curso pasado.

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Fuemte: Forum Libertas

Manifestación contra el Anteproyecto de Ley de Educación en Cataluña: la cita, el 9 de junio / Autor: Víctor Ruiz

La Plataforma ‘Dret a Escollir’ entregará al Departamento de Educación las firmas recogidas a favor de la libertad de enseñanza
Bajo el lema Derecho a Escoger; Libertad de Enseñanza, la Plataforma Dret a Escollir convoca una manifestación de padres y madres para el próximo 9 de junio contra el Anteproyecto de Ley de Educación en Cataluña y a favor de la libertad de enseñanza.

La manifestación, que tendrá lugar entre las 17,30 y las 18,30 horas, se celebrará ante la sede del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, Vía Augusta, 220-226 (Barcelona).

Miembros de la Plataforma entregarán a los responsables del Departamento de Educación las firmas de apoyo a su manifiesto recogidas hasta ahora, al mismo tiempo que reivindicarán los derechos de los padres a escoger la escuela que consideren más adecuada para sus hijos.

“Nos jugamos la educación de nuestros hijos, que no nos impongan un modelo y que podamos escoger gratuitamente la opción educativa deseada, la libertad”, recuerdan en su convocatoria de manifestación los organizadores.

Cabe recordar que Dret a Escollir ya anunció movilizaciones el pasado 13 de mayo para exigir al consejero de Educación, Ernest Maragall, modificaciones en el anteproyecto.

La movilización contra la nueva ley que proyecta la Generalitat ha tenido un eco absoluto entre los centros concertados, ya que las cuatro grandes organizaciones que los representan presentan alegaciones al anteproyecto.

Puntos denunciados

Como ya hemos hecho en anteriores informaciones, recordamos a continuación los puntos del articulado del Anteproyecto de Ley denunciados por la Plataforma:

- Se prioriza absolutamente la pertenencia a una zona, por tanto, no se admite escoger libremente entre los diversos centros públicos y concertados, obligando a las familias a ‘hacer trampas’ para ejercer sus derechos básicos.

- No se garantiza la gratuidad a todas las familias al no financiar los centros concertados equitativamente con los centros públicos: así es imposible que puedan cumplir todas las obligaciones que se les imponen.

- Se ignora totalmente el carácter propio de los centros educativos, al que no se hace ninguna referencia, e incluso prohíbe, en contradicción con la legislación vigente, la posibilidad de la educación diferenciada (no mixta) en los centros públicos y concertados.

- Se habla continuamente del ‘servicio público de educación’ para referirse a escuelas públicas y concertadas, como si el Estado o la Generalitat fueran los propietarios de ambas. Para la Plataforma Dret a Escollir la educación es un ‘servicio de interés público’, pero no un ‘servicio público’ y lo pueden prestar tanto las administraciones públicas como la iniciativa social.

- El Anteproyecto de Ley impone un ‘comisario’ político municipal en el consejo escolar de los centros concertados para ‘control y gestión’ (y ¿por qué no en las asociaciones, comercios, empresas, etc?).

- Se impone un porcentaje máximo de inmigrantes en los centros educativos: ¿por qué no un tope también para religión, raza o sexo? Es una medida discriminatoria para los derechos fundamentales de los recién llegados.

- Se suprimen los puntos por familia numerosa para la admisión de alumnos en las escuelas, vulnerando otra vez la Ley de Protección a Familias Numerosas, en contradicción con las promesas del consejero Maragall a este colectivo el curso pasado.

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Fuente: Forum Libertas

Total movilización de las escuelas concertadas contra la Ley de Educación de Cataluña / Autor: Víctor Ruiz

FECC, CCAEC, AEC y FCCE denuncian que la ley atenta contra la libertad de enseñanza, manipula el modelo educativo de interés público y no garantiza la gratuidad
Las cuatro grandes organizaciones que representan a la totalidad de las escuelas concertadas en Cataluña presentarán alegaciones al Anteproyecto de Ley de Educación presentado por el Departamento de Educación de la Generalitat, que imposibilita el buen funcionamiento de este tipo de centros de enseñanza.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCAEC), la Agrupació Escolar de Catalunya (AEC) y la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) tienen como objetivo presentar un total de 200.000 alegaciones al anteproyecto, que está en fase de información pública.

FECC, CCAEC, AEC y FCCE, que representan a más de 1.300 centros concertados, denuncian que el proyecto de esta nueva ley atenta contra la libertad de enseñanza y contra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, manipula el concepto de modelo educativo de interés público, y condena a la asfixia económica a la escuela concertada, entre otras cuestiones.

El Anteproyecto de la Ley de Educación de Cataluña supone, pues, una seria amenaza para la escuela concertada y una ruptura con el camino del diálogo y de consenso que llevó al Pacto Nacional para la Educación, al vulnerar buena parte de sus principios.

Es importante destacar que pueden presentar alegaciones, no sólo las familias que llevan a sus hijos a centros concertados, sino también cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto de ley.

Todo aquel que esté interesado en participar de la campaña puede hacerlo a través de e-cristians.net, teniendo en cuenta que la fecha límite para presentar alegaciones es el 28 de mayo.

40% de las familias

En la campaña de presentación de alegaciones lanzada por las cuatro ‘patronales’ de la escuela concertada en Cataluña participa tanto la escuela concertada no confesional como la confesional.

Asimismo, los 1.300 centros a los que representan vienen a ser el 40% de las familias catalanas, o sea el equivalente a las plazas que ofrece la escuela concertada.

De hecho, el número de padres que enviaría a sus hijos a un centro concertado es superior al actual, pero les resulta imposible hacerlo porque la Generalitat se niega a ampliar nuevas líneas.

En cualquier caso, si el Gobierno de la Generalitat ignorase un número tan elevado de alegaciones y siguiera adelante con la Ley, no sólo lo haría sin el consenso necesario sino que la norma iría contra ese 40% del total de familias en Cataluña.

Por otra parte, hay que recordar que diversas asociaciones de padres ya han anunciado movilizaciones contra este anteproyecto de ley, entre ellas la Plataforma Dret a Escollir y la Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Lliure de Catalunya (FAPEL).

Las alegaciones

Este es el contenido de las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña:

1. El Anteproyecto no respeta el mandato del Estatuto de autonomía de Cataluña (artículo 21.1) de construir un modelo educativo de interés público y al hablar sólo de servicio público de educación (artículos 25-28) menosprecia la libertad de enseñanza, menosprecia el carácter propio de los centros privados y deja la escuela concertada en manos de la arbitrariedad de la administración (artículo 181).

2. El Anteproyecto no respeta el pluralismo ni la autonomía de los centros al poner controles adicionales a los proyectos educativos e, incluso, condicionar el futuro del concierto (artículos 26, 67-76). Es necesario asegurar que la diversidad de caracteres propios pueda desarrollarse en proyectos educativos diferenciados. La libertad ideológica –en la que se basa la libertad de enseñanza- y el pluralismo son elementos constitutivos de nuestro Estado de Derecho.

3. El Anteproyecto da pasos hacia atrás en la regulación de la admisión de alumnos en relación al vigente Decreto 75/2007, de 27 de marzo, y restringe los derechos de los padres en la elección de la escuela (artículo 32). Otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización (artículos 29, 139, 141 y 148). Niega la posibilidad de establecer criterios complementarios y aboca a la arbitrariedad de un sorteo las frecuentes situaciones de empate a la hora de valorar las solicitudes.

4. El Anteproyecto consagra la discriminación del alumnado de la escuela concertada al no asegurar la gratuidad en los mismos niveles que en la pública. No se garantiza la gratuidad de la 6ª hora en la concertada ni de la educación post-obligatoria (artículos 27, 174, 175 y 181). Tampoco garantiza que el módulo económico del concierto sea suficiente para el mantenimiento de la escuela concertada, lo cual comporta o la asfixia económica de la escuela o el sobrecoste a sufragar por parte de los padres.

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Fuente: Forum Libertas

INFORME DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL: Cifran en más de 650.000 los catalanes que no logran salir de la pobreza

Más del 18% de los catalanes se encuentra en riesgo de entrar en el umbral de la pobreza
El 11% de la población no logra salir de la pobreza 'coyuntural' de un año a otro
Solteras, viudas y sobre todo inmigrantes son los ciudadanos más vulnerables
Un hogar unipersonal es considerado pobre cuando no ingresa más de 7.000 euros anuales

Un indigente durmiendo bajo cartones en plena Plaza Catalunya de Barcelona. (Foto: Joan Manuel Balielles)

AGENCIAS / El MUNDO
BARCELONA.- Más de 650.000 catalanes se encuentran en una franja de renta que los sitúa en la pobreza persistente, aquella que no es coyuntural y dura más de un año, según un informe que indica que jubilados, mujeres solteras, amas de casa y, sobre todo inmigrantes asiáticos y africanos, son los más vulnerables.

El estudio, elaborado por los profesores del Departamento de Economía Aplicada de la UAB Sara Ayllon y Xavier Ramos para la Fundación Jaume Bofill, ofrece unas cifras, no obstante, que, a día de hoy, podrían ser incluso más negativas, ya que este informe sobre la dinámica de la pobreza en Cataluña se redactó con datos del bienio 2003-2004, cuando la población inmigrante -uno de los colectivos de mayor riesgo- no alcanzaba ni el 5% de la población.

Según recoge el estudio, -elaborado sobre 1.292 familias y 3.467 personas y que establece el límite de la pobreza en el 60% de la renta media-, el 18,5% de los catalanes está en riesgo de pobreza, una cifra por encima de la Europa de los 15 (17%) y ligeramente por debajo de los datos españoles (19,9%).

Pero uno de los datos que más ha alaertado a los responsables del estudio es que, en términos cuantitativos, un 11% por ciento del total de catalanes de 2004, -los 650.000 antes citados-, se situaba por debajo de la pobreza persistente, o lo que es lo mismo, que no han logrado salir de su situación.

Los núcleos familiares que dependen de un único sueldo, no haber superado los estudios secundarios, los problemas de salud, la dependencia de ingresos de servicios sociales -sobre todo jubilados y viudas-, la temporalidad y precariedad en el trabajo o vivir de alquiler en vez de en piso de propiedad son algunos de los principales factores de riesgo para mantenerse dentro de la pobreza persistente.

El colectivo más vulnerable es el de los inmigrantes, en especial los de habla no castellana, ya que el estudio indica que el 83 % de ellos corre el peligro de ser pobres persistentes.

Se ha desperdiciado 'una oportunidad de oro' (Foto: Santi Cogolludo)

Ramos lamenta que se haya perdido una "oportunidad de oro" para mejorar estos datos, ya que el crecimiento económico que se ha producido en el país no ha supuesto una redistribución de la riqueza, y tampoco han contribuido las políticas educativas, ya que el fracaso escolar -una vía para caer en la exclusión- ronda en estos momentos en Cataluña el 31%.

El responsable del informe considera, no obstante, que en la actualidad "tendría que ser más fácil salir de la pobreza" porque los sistemas de protección social han ido mejorando, aunque por el contrario el precio "de locura" de la vivienda ha mermado la capacidad adquisitiva de las familias catalanas.

Según el estudio, una hogar unipersonal necesita (año 2003) una renta anual de 7.011 euros para vivir, cifra que aumentaría a 12.670 euros en el caso de una familia de dos adultos y un niño y a 14.723 para dos adultos y dos menores.

Los autores del informe apuntan la necesidad de poner en marcha una estrategia integral para combatir la pobreza persistente, con una mejora de las garantías de renta para aquellas personas con riesgo de exclusión; una apuesta por políticas que permitan la conciliación laboral y familiar -que incentive el acceso de la mujer al trabajo- y la "inserción efectiva" de los inmigrantes, así como una reducción de la precariedad laboral y del fracaso escolar.

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Iglesia en Cataluña rechaza ley contra libertad de culto

BARCELONA, (ACI).- Una nueva ley aprobada por el parlamento de Cataluña (España) que deja en manos de autoridades locales el derecho a establecer dónde y cómo se utilizan templos religiosos ha recibido el rechazo de la Iglesia en la región, y podría acabar en la Corte Constitucional.

La ley, aprobada por el trío de partidos que conforman la gobernante coalición de izquierda, pretende supuestamente regular el crecimiento indiscriminado y sin licencias de las mezquitas; pero no establece diferencia alguna entre las denominaciones, y en la práctica le concede la potestad a un alcalde de pueblo cerrar un templo católico temporal o definitivamente si así lo desea.

"Siempre será inadecuado regular con una misma legislación centros de culto y de reunión muy diferenciados según las confesiones religiosas y con una presencia en la sociedad catalana tan asimétrica", señaló Secretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense y Obispo de Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; quien criticó además que la ley, que aun debe ser regulada, "no deja claro que no tendrá efectos retroactivos hacia los centros ya en activo, estén o no catalogados como bienes patrimoniales".

Según explicó el Prelado, bajo la excusa de controlar el crecimiento explosivo y desordenado de templos, especialmente mezquitas en la región, la ley "deja demasiada discrecionalidad a la administración cuando habla de un reglamento posterior que lo regulará más en concreto". "Lo que queremos es que los centros de culto y de reunión de la Iglesia católica no queden a merced de una licencia municipal del color político de cada Ayuntamiento, sino que se valore que son cooperadores para el bien de los ciudadanos, y que en lugar de trabas al ejercicio de lo que son derechos fundamentales de los ciudadanos católicos, se nos ayude para poder cumplir las propias finalidades religiosas".

La oposición en el parlamento también ha denunciado la ley, señalando que "utiliza el urbanismo como treta para regular los centros de culto y un derecho, el de la libertad religiosa, que ya protegen normas de mayor rango".

La diputada Ángels Olano ha señalado que la nueva normativa infringe la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y el Concordato entre España y el Vaticano; y anunció que la oposición está estudiando cuestionar la ley ante la Corte Constitucional.