Los biocombustibles pueden amenazar el derecho a la alimentación, advierte la Santa Sede

Su producción no debe implicar una reducción de productos agrícolas
CIUDAD DEL VATICANO, (ZENIT.org).- La Santa Sede ha pedido medidas para que la producción de biocombustibles no implique un aumento del precio en los alimentos básicos, que en algunos países constituye una auténtica amenaza para el derecho a la alimentación.

Para lograr este objetivo, ha afirmado un representante vaticano, la producción de los biocombustibles no debería implicar una disminución de productos agrícolas en el mercado de alimentos.

Lo ha afirmado monseñor Renato Volante, observador permanente de la Santa Sede ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al intervenir en la Conferencia Regional de ese organismo para América Latina y el Caribe, que se ha celebrado en Brasilia (Brasil) del 17 al 18 de abril.
El uso de productos agrícolas para la producción de biocombustibles, afirmó el representante vaticano, «puede representar una oportunidad para la protección del ambiente y de la biodiversidad».

Sin embargo, reconoció que esta tendencia «es indicada hoy como la causa primaria de un aumento de los precios sin precedentes respecto a la década pasada, así como de un rápido cambio en el uso de terrenos agrícolas sometidos a cultivos intensivos que les empobrecen».

«Todo esto tiene un impacto mundial que, si bien presenta algunas ventajas para los agricultores productores, de hecho está causando consecuencias negativas para los niveles de pobreza en las áreas dependientes de la importación de alimentos y sobre la conservación de los terrenos».

Según monseñor Volante, los Estados están llamados a operar en virtud de ponderadas consideraciones que tengan como «objetivo esencial» la tutela y la aplicación del derecho a la alimentación.

Por este motivo, aclaró, no es posible «disminuir la cantidad de productos agrícolas que hay que introducir en el mercado de los alimentos o mantener en reserva para las emergencias que podrían verificarse a favor de otros fines, aunque sean aceptables, que no satisfacen un derecho fundamental, como es el derecho a la alimentación».