«Todo esto tiene un impacto mundial que, si bien presenta algunas ventajas para los agricultores productores, de hecho está causando consecuencias negativas para los niveles de pobreza en las áreas dependientes de la importación de alimentos y sobre la conservación de los terrenos».
Según monseñor Volante, los Estados están llamados a operar en virtud de ponderadas consideraciones que tengan como «objetivo esencial» la tutela y la aplicación del derecho a la alimentación.
Por este motivo, aclaró, no es posible «disminuir la cantidad de productos agrícolas que hay que introducir en el mercado de los alimentos o mantener en reserva para las emergencias que podrían verificarse a favor de otros fines, aunque sean aceptables, que no satisfacen un derecho fundamental, como es el derecho a la alimentación».