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sábado, 24 de mayo de 2008

Total movilización de las escuelas concertadas contra la Ley de Educación de Cataluña / Autor: Víctor Ruiz

FECC, CCAEC, AEC y FCCE denuncian que la ley atenta contra la libertad de enseñanza, manipula el modelo educativo de interés público y no garantiza la gratuidad
Las cuatro grandes organizaciones que representan a la totalidad de las escuelas concertadas en Cataluña presentarán alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Educación presentado por el Departamento de Educación de la Generalitat, que imposibilita el buen funcionamiento de este tipo de centros de enseñanza.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCAEC), la Agrupació Escolar de Catalunya (AEC) y la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) tienen como objetivo presentar un total de 200.000 alegaciones al anteproyecto, que está en fase de información pública.

FECC, CCAEC, AEC y FCCE, que representan a más de 1.300 centros concertados, denuncian que el proyecto de esta nueva ley atenta contra la libertad de enseñanza y contra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, manipula el concepto de modelo educativo de interés público, y condena a la asfixia económica a la escuela concertada, entre otras cuestiones.

El Anteproyecto de la Ley de Educación de Cataluña supone, pues, una seria amenaza para la escuela concertada y una ruptura con el camino del diálogo y de consenso que llevó al Pacto Nacional para la Educación, al vulnerar buena parte de sus principios.

Es importante destacar que pueden presentar alegaciones, no sólo las familias que llevan a sus hijos a centros concertados, sino también cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto de ley.

Todo aquel que esté interesado en
participar de la campaña puede hacerlo a través de e-cristians.net, teniendo en cuenta que la fecha límite para presentar alegaciones es el 28 de mayo.

40% de las familias

En la campaña de presentación de alegaciones lanzada por las cuatro ‘patronales’ de la escuela concertada en Cataluña participa tanto la escuela concertada no confesional como la confesional.

Asimismo, los 1.300 centros a los que representan vienen a ser el 40% de las familias catalanas, o sea el equivalente a las plazas que ofrece la escuela concertada.

De hecho, el número de padres que enviaría a sus hijos a un centro concertado es superior al actual, pero les resulta imposible hacerlo porque la Generalitat se niega a ampliar nuevas líneas.

En cualquier caso, si el Gobierno de la Generalitat ignorase un número tan elevado de alegaciones y siguiera adelante con la Ley, no sólo lo haría sin el consenso necesario sino que la norma iría contra ese 40% del total de familias en Cataluña.

Por otra parte, hay que recordar que
diversas asociaciones de padres ya han anunciado movilizaciones contra este anteproyecto de ley, entre ellas la Plataforma Dret a Escollir y la Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Lliure de Catalunya (FAPEL).

Las alegaciones

Este es el contenido de las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña:

1. El Anteproyecto no respeta el mandato del Estatuto de autonomía de Cataluña (artículo 21.1) de construir un modelo educativo de interés público y al hablar sólo de servicio público de educación (artículos 25-28) menosprecia la libertad de enseñanza, menosprecia el carácter propio de los centros privados y deja la escuela concertada en manos de la arbitrariedad de la administración (artículo 181).

2. El Anteproyecto no respeta el pluralismo ni la autonomía de los centros al poner controles adicionales a los proyectos educativos e, incluso, condicionar el futuro del concierto (artículos 26, 67-76). Es necesario asegurar que la diversidad de caracteres propios pueda desarrollarse en proyectos educativos diferenciados. La libertad ideológica –en la que se basa la libertad de enseñanza- y el pluralismo son elementos constitutivos de nuestro Estado de Derecho.

3. El Anteproyecto da pasos hacia atrás en la regulación de la admisión de alumnos en relación al vigente Decreto 75/2007, de 27 de marzo, y restringe los derechos de los padres en la elección de la escuela (artículo 32). Otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización (artículos 29, 139, 141 y 148). Niega la posibilidad de establecer criterios complementarios y aboca a la arbitrariedad de un sorteo las frecuentes situaciones de empate a la hora de valorar las solicitudes.

4. El Anteproyecto consagra la discriminación del alumnado de la escuela concertada al no asegurar la gratuidad en los mismos niveles que en la pública. No se garantiza la gratuidad de la 6ª hora en la concertada ni de la educación post-obligatoria (artículos 27, 174, 175 y 181). Tampoco garantiza que el módulo económico del concierto sea suficiente para el mantenimiento de la escuela concertada, lo cual comporta o la asfixia económica de la escuela o el sobrecoste a sufragar por parte de los padres.

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