Amnistía Internacional denuncia que los gobiernos deben poner fin al secretismo que rodea las ejecuciones de la pena de muerte

En un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional el 15 de abril, la organización revela que al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007 y expresa su profunda preocupación por el hecho de que muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado en países como China, Mongolia y Vietnam.

El informe, titulado Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también indican un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí presentó el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, el dato global más elevado. Sin embargo, la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha dado muerte con la autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Hay que poner fin a la ocultación del uso de la pena de muerte y levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por tanto, la gente tiene derecho a saber lo que se está haciendo en su nombre”, afirma Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.

En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.

En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por prácticas de hechicería.

El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, después de que un juzgado estatal se negó a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución a pesar de que ese mismo día, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, decisión que dio lugar a la suspensión de facto de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, en contravención del derecho internacional.

Sin embargo, el 2007 fue también el año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54, con 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobara en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y deroguen la pena de muerte de una vez por todas.”

-------------------------------------------------

Fuente: Amnistía Internacional