El vocal del Poder Judicial José Luis Requero ha vuelto a denunciar públicamente la legalización del aborto. En declaraciones al semanario 'Alfa y Omega', el magistrado criticó que la interrupción voluntaria del embarazo en España "es un delito despenalizado que, bajo unos supuestos, garantiza a los implicados que no serán perseguidos penalmente". En la entrevista, que ha provocado las iras de la prensa progresista, Requero deja claro que el aborto "nunca puede ser un derecho".Requero se mostró tajante en su valoración del supuesto derecho al aborto, negando la mayor: "Matar a un ser humano, aunque sólo mida unos centímetros, jamás puede ser un derecho. ¿Cómo va a ser un derecho el que una madre mate al hijo que espera?". Con estas palabras, este jurista vuelve a colocarse al frente de la batalla contra el aborto, contra el que siempre ha batallado desde primera línea, recibiendo numerosas críticas desde los medios progresistas, que le califican sin rubor de "ultra".
Lejos de amilanarse, el vocal del CGPJ se ratifica en sus ideas cada vez que se le aborda sobre el aborto. Así, lamenta que por culpa de la Ley, "de unos supuestos de no exigencia de responsabilidad criminal se ha pasado a hablar de derecho al aborto o de derechos reproductivos de la mujer. Derogados los controles previstos para constatar la realidad del riesgo para la salud física o psíquica de la madre, hemos pasado a los certificados en blanco, a los psicólogos de pega y a ese millón de seres humanos desaparecidos, futuribles que ahora engrosarían nuestra infancia y juventud".
Ahora, la situación ha dado un giro, tras los escándalos de las investigaciones a las clínicas abortistas, y aprovechando el fin del periodo electoral, en lugar de perseguirse estos asesinatos, "todo parece indicar que, ya sin peligro de asustar al electorado moderado, bienpensante y cobardón (PSOE) o a un hipotético elector de izquierda moderada (PP), se irá a una ley de plazos, reforma que no procurará proteger al feto humano, al nasciturus, sino dar garantías y seguridad jurídica tanto a las clínicas abortistas como a las mujeres que acuden a sus servicios".
Sin embargo, la instauración de una Ley de plazos, la panacea para la progresía internacional, es anticonstitucional en España, puesto que "no habría colisión alguna de intereses ni habría situación límite contrastada y objetivable" que amparara el aborto.
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Fuente: Fundación Vida
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