La nueva ley de educación catalana ha movilizado a la escuela concertada, tanto a las asociaciones de padres como a las de escuelas, que han recogido 225.000 firmas de personas presentando alegaciones contra la ley. El pasado lunes 2 de junio representantes de dos asociaciones de padres (la aconfesional FAPEL –Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Libre de Cataluña, www.fapel.net -, y la católica CCAPAC -Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, http://www.escolacristiana.org/ccapac ) entregaban las 225.000 alegaciones, en su mayoría firmadas por padres y familiares de la escuela concertada.
225.000 alegaciones es mucho papel, como demuestra la fotografía del acto de entrega
La asociación FAPEL ha resumido en cuatro puntos los principales fallos de la propuesta de ley catalana:
1 . No respeta el mandato del (nuevo) Estatuto de Autonomía de Cataluña de construir un modelo educativo de interés público; al hablar sólo de "servicio público de educación" menosprecia la libertad de enseñanza y el carácter propio de los centros.
2 . No respeta el pluralismo ni la autonomía de los centros: pone controles adicionales a los proyectos educativos; no asegura que la diversidad de caracteres propios pueda desarrollarse en proyectos educativos diferenciados.
3 . Restringe el derecho de los padres a elegir escuela, otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización, niega la posibilidad de establecer criterios complementarios; muchos alumnos irán a parar a tal o cual escuela por un sorteo arbitrario.
4 . Discrimina a los alumnos de las escuelas concertadas, puesto que no asegura la gratuidad al mismo nivel que en la escuela pública: por ejemplo, no garantiza la gratuidad de la 6ª hora ni de la educación post-obligatoria. Tampoco garantiza la suficiencia del módulo económico del concierto, que es una forma de asfixiar económicamente a las escuelas o de cargar el coste sobre los padres.
Mercè Rey, presidenta de la CCAPAC, y Antoni Arasanz, presidente de FAPEL, han señalado que además de las 225.000 firmas entregadas hay muchas más alegaciones que llegaron tarde, fuera de plazo, o con defectos formales, por lo que la inquietud social es más extensa de lo que la cifra indica. Hay que recordar que el Anteproyecto de Ley se sometió a exposición pública durante sólo 20 días hábiles.
Las asociaciones de padres reiteran su voluntad de diálogo, pero piden al Departamento de Educación un cambio a fondo del proyecto de ley, "para que se respeten los derechos y libertades de padres y madres recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía". 
El siguiente gran acto es una concentración convocada por las asociaciones de padres y de escuelas concertadas, coordinados desde la plataforma Dret A Escollir (www.dretaescollir.org , concentración a la que se han sumado otras entidades de la sociedad civil y cultural catalana, como la asociación CinemaNet (www.cinemanet.info ), Profesionales por la Ética (www.profesionalesetica.com ), E-Cristians (www.e-cristians.net ) y otras.
La concentración será el lunes 9 de junio a las 17.30 ante la conselleria de Educación de la Generalitat en Barcelona (Via Augusta 202-226).
7 puntos negros del anteproyecto de Ley de Educación para Cataluña
- Se prioriza absolutamente la pertenencia a una zona, por tanto, no se admite escoger libremente entre los diversos centros públicos y concertados, obligando a las familias a ‘hacer trampas’ para ejercer sus derechos básicos.
- No se garantiza la gratuidad a todas las familias al no financiar los centros concertados equitativamente con los centros públicos: así es imposible que puedan cumplir todas las obligaciones que se les imponen.
- Se ignora totalmente el carácter propio de los centros educativos, al que no se hace ninguna referencia, e incluso prohíbe, en contradicción con la legislación vigente, la posibilidad de la educación diferenciada (no mixta) en los centros públicos y concertados.
- Se habla continuamente del ‘servicio público de educación’ para referirse a escuelas públicas y concertadas, como si el Estado o la Generalitat fueran los propietarios de ambas. Para la Plataforma Dret a Escollir la educación es un ‘servicio de interés público’, pero no un ‘servicio público’ y lo pueden prestar tanto las administraciones públicas como la iniciativa social.
- El Anteproyecto de Ley impone un ‘comisario’ político municipal en el consejo escolar de los centros concertados para ‘control y gestión’ (y ¿por qué no en las asociaciones, comercios, empresas, etc?).
- Se impone un porcentaje máximo de inmigrantes en los centros educativos: ¿por qué no un tope también para religión, raza o sexo? Es una medida discriminatoria para los derechos fundamentales de los recién llegados.
- Se suprimen los puntos por familia numerosa para la admisión de alumnos en las escuelas, vulnerando otra vez la Ley de Protección a Familias Numerosas, en contradicción con las promesas del consejero Maragall a este colectivo el curso pasado.
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