Testimonio de Harry Wu: abortos forzados, explotación laboral y falta de libertad religiosa en China

20 de mayo de 2010.- (Romereports.com) Fue torturado y obligado a realizar trabajos forzados durante 19 años. Ahora, Harry Wu, fundador de Laogai Foundation, dedica todo su tiempo a luchar contra un sistema que lo esclavizó dos décadas: "Vivía como un animal. Si no trabajaba no me daban de comer".

Se trata de prisiones Laogai o campos de trabajos forzados. Hablar contra el Gobierno chino es motivo suficiente para ser encarcelado. Cuando tenía 19 años, Wu fue tachado de contrarrevolucionario. Ahora, en una reciente visita a Roma, invitado por la Fundación Lagoai, recordó los años que pasó en prisión: "Dos metros de largo, menos de uno de ancho y dos de alto rodeados de cemento. Ahí estuve encerrado, sin manta, ni comida, ni agua. Tienes que confesar tu delito. Si no lo haces, después de tres días, no te dejan ir".

Wu sobrevivió y se marchó a Washington pero asegura que estas prácticas continúan hoy en día, y que hay unas mil prisiones Laogai en China: "Hay entre tres y cinco millones de personas condenadas a trabajos forzados. Fabrican productos y los beneficios van al gobierno". Leer más y ver vídeo...

Antitópicos / Autor: J. I. Munilla, obispo de Palencia

No son pocos los católicos que se sienten confusos ante el bombardeo de tantos tópicos laicistas y/o anticlericales que estamos recibiendo. ¿Qué deberíamos hacer los obispos en esta situación? Si hablamos…, algunos dirán que estamos polemizando innecesariamente o que estamos “entrando al trapo”. Si callamos…, otros concluirán que “quien calla otorga” o simplemente, que la Iglesia no es capaz de dar respuesta a las acusaciones que se le hacen. Aun sabiendo que mis palabras serán objeto de interpretaciones encontradas, me dispongo a dar unas breves respuestas a algunos de los tópicos anticlericales más en uso:

1. “La Iglesia no sabe vivir en democracia”
Lo cierto es que, la Iglesia Católica tuvo un papel histórico muy importante en la transición española, y es de sobra conocido que su aportación fue esencial para la reconciliación de las dos Españas. La integración de la Iglesia en el marco democrático no fue nada complicada, y su labor a lo largo de todos estos años ha sido subsidiaria del derecho que la Constitución reconoce a las familias para educar a los hijos conforme a sus valores religiosos y morales.

En este contexto histórico, la Iglesia no aspiró a un marco político confesional, ni ha pretendido imponer la fe a nadie, sino simplemente proponérsela a los que así lo soliciten. ¿Es mucho pedir por nuestra parte que las autoridades políticas tampoco impongan obligatoriamente sus ideologías a las nuevas generaciones, sino que respeten el derecho de los padres a elegir libremente? ¿Es antidemocrático el proceder y el posicionamiento de la Iglesia?

2. “La Iglesia se mete en política”
El hecho de que un obispo escriba una carta del tenor de la presente, ¿supone una intromisión indebida de la Iglesia en la política? ¿O no debería ser interpretada, más bien, como una contribución más en esta sociedad, en pro del bien común y de la madurez del sistema democrático? No olvidemos aquella frase profética de Juan Pablo II: “Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto”.

3. “La religión tiene que ser expulsada de la escuela pública”
El movimiento a favor de la expulsión de la clase de religión del horario lectivo en la escuela pública, olvida que, estrictamente hablando, España no es un estado laico, sino aconfesional. La aconfesionalidad supone que ninguna religión sea discriminada con respecto a las otras, sino en función de la demanda de los ciudadanos. Por ejemplo, los padres musulmanes que quieren que sus hijos reciban religión en la escuela, tienen perfecto derecho a ello, si se reúnen el número mínimo de alumnos.

Quienes piden la expulsiónde la religión de la escuela, no sólo están excluyendo a sus hijos de esta asignatura, sino que también aspiran a impedir que otros padres puedan elegir libremente esta opción.

4. “Estatuto abusivo de los profesores de religión”
Algunos critican que sea la Iglesia Católica la que tenga la facultad de dar el “visto bueno” a los profesores de Religión Católica en las escuelas públicas; así como que éstos reciban su sueldo de la Administración, como los demás profesores.

Pero, en el fondo, estas críticas tienen su orgen en la resistencia a asumir todas las consecuencias que se derivan del artículo 27.3 de nuestra Constitución: “Los poderes políticos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones morales”. El profesor de religión recibe la capacitación de la Iglesia, no en virtud de ningún privilegio eclesiástico, sino por el derecho de los padres a que su hijo sea formado según sus valores católicos. De lo contrario, ¿quién iba a formar adecuadamente a los profesores de religión, conforme a la sensibilidad demandada por los padres? Y respecto a la dificultad en admitir que quienes imparten religión católica formen parte de la plantilla del profesorado, ¿acaso los padres católicos no pagan sus impuestos exactamente igual que quienes eligen para sus hijos las asignaturas alternativas a la religión?

5. “La Iglesia vive a costa del dinero público”
¿Es cierta esa imagen que se transmite de que la Iglesia en España vive a costa del estado español? Algunos se han tomado la paciencia de hacer cálculos sobre el ahorro que supone anualmente para el Estado Español la vida de la Iglesia:

Si el Estado tuviera que hacerse cargo del coste del millón de alumnos de la Escuela Católica -atendidos en 5.141 centros de enseñanza-, además de asumir el cuidado de los enfermos de los 107 hospitales católicos, añadiendo los 1.004 centros de acogida, ambulatorios, dispensarios y asilos, 365 centros de reeducación social y 937 orfanatos; si tuviera que dar cobertura a los más de dos millones de personas que son atendidas por Cáritas y Manos Unidas… entonces podríamos calcular que tendría que desembolsar 36.000 millones de euros al año. Más aún, renunciamos a añadir otros cálculos, difícilmente cuantificables, como es el caso del movimiento turístico generado gracias al patrimonio de la Iglesia y a sus manifestaciones religiosas, etc. Sin embargo, resulta bastante sorprendente que con estos datos contrastables, la imagen que trasciende a la opinión pública sea la de un parásito social que vive del cuento. No tenemos otro remedio: Frente a los tópicos, paciencia y razones.

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Fuente: Diocesis de Palanecia

Arzobispo defiende derecho a la fe ante nuevos "mandamientos" del laicismo

MADRID, (ACI).- El Arzobispo Emérito de Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebastián, defendió el derecho de los católicos a vivir su fe sin restricciones en España ante la publicación de los llamados "diez mandamientos" del laicismo en un diario cercano al PSOE.

El Arzobispo resumió así los "mandamientos" confeccionados por el periódico Público, considerándolos "una barrera para excluir al cristianismo de todo lo que sea vida social":

"1. Educarás en igualdad. Se entiende, en la igualdad impuesta del laicismo, sin ninguna referencia a Dios ni a religión alguna, ni siquiera a la trascendencia del ser humano.

2. No sermonearás fuera del púlpito. Que quiere decir, las manifestaciones religiosas sólo se pueden tolerar dentro de las Iglesias. Hay que eliminar la enseñanza de la religión en las escuelas.

3. No impondrás tus símbolos al Estado. Los actos oficiales tienen que ser estrictamente laicos. Excluyen los funerales de Estado y hasta las bodas católicas de la familia real.

4. No mezclar lo terreno con lo celestial. Ni himnos ni banderas ni autoridades en las ceremonias religiosas, ni signos religiosos en nada oficial.

5. No acaparar las fiestas del calendario. Pretenden quitar fiestas religiosas y hacer festivas las conmemoraciones civiles.

6. No invadir las instituciones públicas. Fuera los capellanes de hospitales, los castrenses, la existencia del Arzobispado Castrense.

7. Apropiarse del patrimonio. Que la Iglesia reconozca la propiedad pública de Catedrales, Museos, Monasterios.

8. Facilitar la apostasía. No necesita explicación.

9. No aparecer en los medios públicos. Hay que eliminar los programas religiosos en los medios de comunicación estatales.

10. Ni un duro para la Iglesia. Ni siquiera es aceptable el sistema de poner la cruz en la declaración de la renta".

Según Mons. Sebastián a partir de estos postulados "la Iglesia, los católicos, la religión cristiana no merece la consideración ni la ayuda que merecen el deporte, o el cine, o los concursos de belleza. Solo les falta pedir que nos pongan una multa por ser católicos".

Ante estas agresiones, el Obispo recordó que "los ciudadanos tenemos perfecto derecho a vivir y actuar religiosamente en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar y social, según nuestra conciencia y a medida de nuestros deseos. Ninguna autoridad humana nos lo puede prohibir justamente".

"La autoridad civil, cuya razón de ser es el servicio de la sociedad, está obligada a proteger y favorecer la libertad de los ciudadanos, también en el ejercicio de su vida religiosa y moral tal como de acuerdo con su conciencia decidan hacerlo", agregó.

Además, precisó que "los ciudadanos católicos, como los demás, tenemos pleno derecho a intervenir en la vida pública en cuanto tales y tenemos el deber y el derecho de aportar al patrimonio común los bienes culturales y sociales que provienen de nuestra experiencia religiosa".

Mons. Sebastián advirtió que "detrás de las pretensiones laicistas hay una concepción totalitaria del Estado". "Según esta mentalidad, el Estado es una especie de Ser Supremo que viene sobre nosotros y nos dicta cómo tenemos que vivir. Pero la realidad no es así", aclaró y explicó que "es el Estado el que tiene que ajustarse al ser de la sociedad a la que tiene que servir, y no al revés. Esto es la esencia de la democracia. Y lo contrario es dictadura y totalitarismo".

"En el caso de la religión, el Estado lo único que tiene que hacer, que no es poco, es proteger la libertad de los ciudadanos para que cada uno pueda ejercitar y manifestar libremente su propia religión, según su propia conciencia, sin molestar ni atentar contra la libertad ni los legítimos derechos de nadie. De manera que la recta laicidad, lo mismo que la no confesionalidad, consiste en que el Estado proteja la libertad religiosa de la sociedad y de los ciudadanos para practicar la religión que quieran, sin beligerar en cuestiones religiosas que quedan fuera de su competencia", agregó.

El Arzobispo consideró que "si los católicos españoles queremos seguir siendo libres y responsables, tendremos que comenzar a tomar en serio estas cuestiones. No es un asunto de los Obispos, sino que es algo que concierne directamente a toda la sociedad y a todos los ciudadanos. Lo que está en juego no son los privilegios de los curas, sino la libertad de los ciudadanos españoles para vivir libremente según su conciencia".
También precisó que "el Estado es laico no para suprimir la religión, sino para facilitar el que los ciudadanos puedan ser religiosos o no según su conciencia y puedan profesar tranquilamente la religión que mejor les parezca, con todas las consecuencias, privadas y públicas".

"Llega la hora de que los españoles seamos de verdad ciudadanos y tomemos la determinación de ser los protagonistas de nuestra vida, exigiendo a los políticos y a la política que actúen realmente al servicio de la sociedad, sin dirigismos y sin excederse en sus competencias ni en sus atribuciones. ¿Queremos vivir en una sociedad de hombres libres que orientan su vida según su conciencia, o queremos vivir en una sociedad dominada y dirigida dedicándonos simplemente a vivir como nos digan? Esta es la cuestión", concluyó.

Libertad religiosa / Autor: Santiago MARTÍN

El Gobierno va a modificar la Ley de Libertad Religiosa y algunos se han puesto nerviosos. La Iglesia católica no. Ha acogido con un prudente silencio la noticia, hasta ver cómo será la nueva ley. Es verdad que los antecedentes -promoción del laicismo radical- de este Gobierno hacen temer lo peor, pero conviene esperar, no sea que lo que busque el Gobierno sea provocar una algarada católica que, de momento, sirva para distraer la atención de la crisis económica y, por último, para presentarnos como exaltados si la nueva ley no es tan mala. Una modificación de la citada ley que sirviera para dar aún más garantías a los creyentes -no sólo a los católicos, pero también a estos- sería un buen gesto por parte del Gobierno que repercutiría a su favor en la intención de voto.

Tienen una oportunidad y es responsabilidad de ellos aprovecharla para cerrar heridas o, por el contrario, usarla para abrirlas aún más.

La Iglesia no está en contra de la libertad religiosa. Basta con leer el discurso del Papa en la ONU del pasado 18 de abril. La cuestión está en definir de qué libertad religiosa estamos hablando. Nosotros nos referimos a la que el Papa defendió en Nueva York con estas palabras: «Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos -su fe- para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos asociados con la religión necesitan protección sobre todo si se los considera en conflicto con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión».

Los católicos no tenemos miedo a la libertad. Lo que tememos es que usen esa palabra como camuflaje de la dictadura. Y, en eso, algunos son expertos.
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Fuente: la Razón

Los nuevos desafíos de la libertad religiosa